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La Fundación ONCE promueve el Foro de Contratación Pública Socialmente Responsable

También contiene un sistema de alertas que advierte del lugar donde están las posibles contrataciones. El Foro también quiere ser un lugar de encuentro entre empresas contratistas y cuenta con un completo listado de centros especiales de empleo.
Las empresas que así lo deseen podrán inscribirse para que se les permita certificar su presencia en el Foro y así obtener un reconocimiento de lo que hacen en esta materia, de forma que puedan hacer pública su compromiso con las personas con discapacidad.
Al acto de presentación, en el que estuvieron 130 personas, asistieron distintos representantes del Gobierno, diputados de la comisión de Discapacidad del Congreso, de administraciones públicas como el Ayuntamiento de Madrid o Sevilla, y de comunidades autónomas como la Junta de Castilla y León, la Junta de Andalucía, la de Extremadura o la Comunidad Foral de Navarra. También asistieron diversos representantes de distintas empresas implantadas en nuestro país.
El vicepresidente 1º ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán, dijo en su intervención que desde el sector de la discapacidad “tratamos de buscar soluciones a aquellos problemas que identificamos, como es la desatención y el desempleo”. Explicó que este Foro trata de “generar un caldo de cultivo para que desde la empresa se promuevan plataformas para conseguir y plantear que desde el gasto público se puede promover la política social, con contratación de personas con discapacidad y el diseño de productos y servicios accesibles para todos”. En este sentido indicó a todos los asistentes que “tenemos que abrir nuevos caminos y brechas planteando a la administración pública algo modulable y flexible que actualmente responde a una realidad”.
JORNADA SOBRE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
La presentación del Foro de Contratación Pública Socialmente Responsable, se enmarcó dentro de la jornada sobre “La Ley de Contratos del Sector Público: una oportunidad de hacer política social a favor de las personas con discapacidad”.
En la misma, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) Luis Cayo, reconoció que es un hecho que la acción pública, la que despliegan las administraciones, “va adquiriendo nuevas formas inéditas en muchos casos, y sin apenas precedentes”.
“Éste es el caso de la contratación pública que de unos años a otra parte ha ampliado su ámbito propio de actuación” –la adquisición eficiente de bienes, productos y servicios destinados al sector público-, “sumando nuevas dimensiones, que favorecen o intensifican otro tipo de políticas como las de igualdad”, agregó.
“Por ello”, dijo Luis Cayo, el objetivo de la jornada era presentar y ahondar “en esta nueva dimensión de la contratación pública y la de ofrecer claves a las empresas más progresivas y dinámicas para situarse en mejores posiciones a la hora de contratar con las Administraciones Públicas”, explicó.
Por su parte el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, Santiago Muñoz Machado, habló de las “Buenas prácticas empresariales y el mercado de contratación pública”. Así, dijo que uno de los problemas que tienen las leyes en general es que “son más fáciles de hacer que de aplicar de forma práctica”.
“Los derechos sociales en general han sido los más difíciles de argumentar a lo que se añade que estas políticas no tienen instrumentos con los que ejecutarse”, añadió Muñoz Machado, quien reconoció que “tenemos ley, sector público, privado y organizaciones sociales potentes dispuestas a que todas las piezas se ensamblen y salga de aquí un foro de la contratación pública socialmente responsable”.
Por su parte, el director del Área de Servicios Jurídicos de Fundación ONCE-Fundosa Grupo, José Luis Barceló habló acerca de las “Las cláusulas sociales en la Ley de Contratos del Sector Público: examen de las distintas alternativas que ofrece la Ley” Barceló reconoció que el volumen de contratación pública en Europa “supone un 16% del PIB de toda la UE”, por lo que “nos encontramos ante una extraordinaria facultad en manos de los poderes públicos”.
“Lo que hoy es una posibilidad se ha de convertir en una exigencia del poder de contratación público”, comentó Barceló quien agregó que “es preciso que todos los poderes públicos incluyan las políticas de RSC en la contratación pública, aunque al principio se puedan encontrar con dificultades”.
Posteriormente se expusieron distintas experiencias en la aplicación de cláusulas sociales en la contratación pública que se llevan a cabo en nuestro país como los de la Comunidad Foral de Navarra, el Ayuntamiento de Sevilla, Acciona, ACS o FEACEM (Centros Especiales de Empleo).