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Las personas con discapacidad recurren poco a la protección de su patrimonio debido a que desconocen esta posibilidad.

Según las conclusiones de unas jornadas sobre la gestión del patrimonio protegido de discapacitados y mayores.

Los participantes en las jornadas sobre "Gestión del patrimonio de personas con discapacidad y mayores" concluyeron que en España se constituyen todavía pocos patrimonios protegidos debido al pobre tratamiento fiscal que tienen y al desconocimiento de la existencia de esta posibilidad por parte de los familiares de los beneficiarios.

La coordinadora de la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado, Blanca Entrena, expuso las conclusiones del encuentro y aseguró que "resulta indispensable la creación de un registro nacional de patrimonios protegidos" que lleve un control de esta situación en España.

Igualmente, los alrededor de 80 participantes en las jornadas destacaron que es necesario revisar el sistema de protección actual, pues sería conveniente diferenciar distintos grados de tutela o protección, en función de las necesidades del sujeto protegido.

"Se debe respetar la capacidad residual de un individuo incapacitado", así como favorecer y aumentar su autonomía personal, indicó Entreno.

La coordinadora de la Fundación Aequitas indicó también que "es recomendable" que los fiscales de incapacitaciones se dediquen exclusivamente a esta competencia y que aumente su plantilla para poder hacer frente a la demanda actual.

DEPENDENCIA

Con respecto al futuro sistema de la dependencia, Entreno dijo que, si finalmente admite el copago por parte de los usuarios, es necesario que se organice y gestione debidamente el patrimonio de las personas mayores "para que no se vea disminuido".

"Conviene una reforma legislativa que reconozca la figura de la tutela provisional, utilizada ya en la práctica en algunos juzgados", continuó Entreno.

Además de Blanca Entreno, intervinieron en la clausura de estas jornadas, organizadas por el Foro Justicia y Discapacidad, el vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), Luis Alvarez; el director de la Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) y patrono de la Fundación Aequitas, Paulino Azúa; el director general de la Fundación ONCE, Alberto Durán, y Enrique López, vocal portavoz del Consejo General del Poder Judicial.

Durán destacó la importancia de este foro, que ha conseguido que "los operadores jurídicos principales" se concentren en el debate de un aspecto que afecta a las personas con discapacidad, el de la protección de su patrimonio, algo que "aporta tranquilidad a muchas familias", dijo.

El resto de los participantes coincidieron en señalar que estas jornadas suponen un ejemplo de compromiso de la justicia en favor de las personas con discapacidad, que, según señaló Enrique López, es algo que favorece la dignidad de este colectivo.