Fundación ONCE propone que los discapacitados ocupen el 5% de los empleos que genere el sistema de dependencia.

Miércoles, 19 Octubre, 2005
El director general de la Fundación ONCE, Luis Crespo, compareció ayer en el Congreso de los Diputados.

El director general de la Fundación ONCE, Luis Crespo, pidió ayer al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que adopte las medidas necesarias para que las personas discapacitadas puedan aprovechar "la importante oportunidad de trabajo" que va a suponer el futuro sistema de la dependencia, integrándose laboralmente en él.

"Nuestra pretensión es que el colectivo pueda cubrir un 5% de los empleos que se generen", que según las últimas estimaciones serían alrededor de 500.000, dijo Crespo en la Comisión no permanente para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados.

El director de la Fundación ONCE señaló también que "debe aprovecharse" la nueva Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia para reformar las normativas de propiedad horizontal y arrendamientos urbanos, de manera que garanticen la accesibilidad de todos a la vivienda y reduzcan gastos a las comunidades de vecinos.

Con respecto a la financiación del sistema, Crespo señaló que debe ser mixta, "por razones de sostenibilidad y viabilidad", y que en los criterios que determinen el grado de colaboración de un beneficiario "debe primar la situación económica de la persona" sobre la de la unidad familiar en la que viva.

A juicio de la Fundación ONCE, el catálogo de prestaciones y la cartera de servicios han de ser también mixtos, es decir, deben incluir prestaciones económicas y de servicios propiamente dichas.

Para gestionar el sistema, Crespo apostó por la colaboración de las administraciones públicas y de la iniciativa privada y añadió que el baremo que determine quiénes podrán beneficiarse de la ley debe ser "estatal y único".

Por último, el director general de la Fundación ONCE pidió un "consenso político, institucional y social" para alcanzar "un pacto de Estado de administraciones y agentes sociales" que dé lugar al sistema de la dependencia, cuya implantación ha de ser "progresiva, con un horizonte temporal de cinco años" desde el momento de su aprobación.

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