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El nuevo Plan para la Inclusión Social incluye entre las prioridades la atención a las personas dependientes.
El Consejo de Ministros aprobó el jueves el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2005-2006 que, para este año, incorpora un 8% más del presupuesto que dedican las Administraciones Públicas contra la pobreza y la exclusión social. Una de las líneas estratégicas del plan es impulsar la atención a las personas dependientes.
El principal objetivo de este plan, que cumple su tercera edición, es la adecuación del crecimiento económico con el bienestar social, en una perspectiva de equidad territorial, asegurando la reducción de las desigualdades y previniendo la aparición o el incremento de nuevas personas o grupos excluidos socialmente.
Este plan ha sido elaborado en el marco de la estrategia europea para la inclusión social y se ha estructurado en torno a los objetivos comunes previamente establecidos para los Estados miembros de la Unión Europea.
Entre esos objetivos figura el de fomentar el acceso al empleo y a todos los recursos, derechos, bienes y servicios a las personas en situación o riesgo de exclusión.
DISCAPACIDAD
Una de las líneas estratégicas es impulsar la atención a las personas dependientes, para facilitar el acceso a los servicios sociales a las personas que no pueden valerse por sí mismas (ancianos y discapacitados graves).
Dentro de las actuaciones más relevantes que engloba este plan en 2005 y que continuarán desarrollándose en 2006 son las siguientes figura el incremento del Salario Mínimo Interprofesional y el de las pensiones más bajas.
También se incluyen la integración sociolaboral de los inmigrantes a través del desarrollo del Reglamento de la Ley de Extranjería y la Ley Integral contra la Violencia de Género.
Están previstos, asimismo, planes piloto para la atención a personas dependientes con un fondo de 50 millones, que servirá para financiar 76 programas.
La creación de la Sociedad Pública de Alquiler, la subida en las cuantías de becas y la puesta en marcha de nuevas ayudas para la adquisición de libros y material didáctico son otras de las medidas previstas.
El esfuerzo presupuestario previsto por todas las administraciones para el desarrollo del Plan hasta finales de año es de 21.253.606.604 euros, lo que supone un incremento del 8,6% con respecto al año 2004.
En esta previsión están incluidas las estimaciones de gasto conocidas de todas las Administraciones Públicas, puesto que el plan supone un esfuerzo compartido y común, con la colaboración del los sectores sociales, y, muy especialmente, con las ONG de acción social, según explicó Trabajo.
PLAN DEL VOLUNTARIADO
Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó el III Plan Estatal del Voluntariado, que será de aplicación para el periodo 2005 2009 y que tendrá una dotación presupuestaria inicial de 97 millones de euros, según informó el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
El programa constituye el conjunto de actuaciones de las Administraciones Públicas y las ONG para la promoción y desarrollo de la acción voluntaria.
El plan aborda el voluntariado desde una perspectiva global, teniendo en cuenta los diversos ámbitos del sector más allá del enfoque asistencial.
Promueve tanto las actuaciones directamente orientadas al fomento del voluntariado y la práctica solidaria (sensibilización, captación y formación) como aquellas otras que persiguen la consolidación del movimiento voluntario, a través del fortalecimiento de las ONG.
Dentro de las nuevas actuaciones que incorpora este plan destacan el estímulo a la creación de planes regionales y municipales de voluntariado y la puesta en marcha de un Observatorio del Voluntariado.
El plan se marca como objetivos generales sensibilizar y comprometer a la sociedad con el movimiento voluntario y los valores que éste representa y consolidar la acción voluntaria en el ámbito educativo.
El programa tiene un presupuesto de partida de 97 millones de euros. El Ministerio de Trabajo pondrá 69 millones y el resto, otros departamentos ministeriales y las comunidades autónomas.
El proyecto ha sido refrendado por el Pleno del Consejo Estatal de ONG de Acción Social y por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, como paso previo a su sometimiento al Consejo de Ministros.