El Gobierno da luz verde a las leyes que regulan las infracciones por discriminación y la de lengua de signos y comunicación oral.

Lunes, 19 Septiembre, 2005
El Consejo de Ministros remite ambos textos al Consejo de Estado.

El Consejo de Ministros acordó el viernes remitir al Consejo de Estado los anteproyectos de Ley de Infracciones y Sanciones en materia de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad y de la Lengua de Signos y de Medios de Apoyo a la Comunicación Oral

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales declaró en la rueda de prensa posterior al Consejo que estas normas, que en los próximos meses serán remitidas al Parlamento para su tramitación, permitirán a las personas con discapacidad "disponer de la plena ciudadanía".

Caldera aseguró que su aplicación facilitará la plena integración en la sociedad de las personas con discapacidad y garantizará la igualdad, algo que destacó también la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega.


El objetivo del primer anteproyecto de ley es establecer un régimen sancionador eficaz ante las infracciones que vulneren la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad.

La norma considera infracciones administrativas las vulneraciones de los derechos de los discapacitados cuando se produzcan discriminaciones directas o indirectas, acosos, incumplimiento de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas, especialmente cuando se deriven beneficios económicos para el infractor.

MULTAS

La infracciones serán leves, graves o muy graves, según la gravedad de los hechos punibles y las multas irán desde un mínimo de 301 euros hasta un máximo de un millón de euros.

Los criterios tenidos en cuenta en la graduación de las sanciones serán la intencionalidad del sujeto infractor, la negligencia, el fraude, el incumplimiento de las advertencias previas, el volumen de negocios y el número de personas afectadas.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha colaborado en elaboración de la ley. Asimismo, las comunidades autónomas han sido consultadas en el proceso de elaboración en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales.


LENGUA DE SIGNOS Y COMUNICACIÓN ORAL

Por su parte el anteproyecto de Ley de Lengua de Signos y de Medios de Apoyo a la Comunicación Oral posibilita que las personas con discapacidad auditiva puedan solicitar intérpretes de lengua de signos u otros medios necesarios para comunicarse en los centros sanitarios, educativos y transportes, entre otros servicios públicos.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, manifestó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que se trata de una ley pionera en Europa que satisface una reivindicación histórica del movimiento asociativo.

Caldera indicó que la norma, que será remitida a las Cortes una vez que el Consejo de Estado emita un dictamen, facilitará el acceso a la información y la comunicación de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

La norma reconoce la lengua de signos española como lengua de las personas sordas que decidan utilizarla, así como su aprendizaje, conocimiento y uso. Además, establece y garantiza los medios de apoyo a la comunicación de las personas sordas que utilizan lenguas orales, como es el subtitulado.

El anteproyecto de ley señala que las administraciones educativas dispondrán lo necesario para promover el aprendizaje de la lengua de signos española entre los alumnos que hayan optado por esta lengua y los medios de comunicación adecuados por los usuarios de lenguas orales.

En caso de que esta persona sea menor de edad o esté incapacitada, la elección corresponderá a los padres o representantes legales.

Con el fin de disponer de profesionales debidamente cualificados para la enseñanza de la lengua de signos española y de los medios de apoyo a la comunicación, la administración educativa competente determinará las titulaciones que considere oportunas.

En definitiva, facilita el acceso a estos medios de apoyo a la comunicación en bienes y servicios públicos como la educación, la formación y el empleo, la sanidad, la cultura, el deporte, el transporte, las relaciones con las Administraciones y los medios de comunicación social.

CENTROS DE APOYO

Por otra parte, el anteproyecto de ley establece también la creación, en el Real Patronato sobre Discapacidad, del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española. La finalidad de este organismo será la de investigar, fomentar, difundir y velar por el buen uso de esta lengua.

El citado organismo estará compuesto por profesionales expertos en lengua de signos española y en sociolingüística, y desarrollará sus acciones manteniendo consultas y estableciendo convenios con las entidades representativas de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas y de sus familias, usuarias de la lengua de signos española.

Además, el Gobierno creará en el Real Patronato sobre Discapacidad el Centro Español de Subtitulado y la Audiodescripción con la finalidad de investigar, fomentar, promover iniciativas, coordinar actuaciones y extender la subtitulación y la audiodescripción como medios de apoyo a la comunicación de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Por último, el texto también reconoce la existencia de la lengua de signos catalana (junto a la española, la única reconocida por la comunidad sorda signante en nuestro país) en su ámbito de uso.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha participado en la elaboración de este texto. También este anteproyecto ha sido informado favorablemente por el Consejo Nacional de la Discapacidad en su reunión del 19 de julio. Asimismo, las Comunidades Autónomas han sido consultadas en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales.

 

ASOCIACIONES

La presidenta de la Confederación Española de Padres y Amigos de los Sordos (Fiapas), María Luz Sanz, dijo que la aprobación de esta norma será un "paso de gigante" para ese colectivo.

Sanz explicó a que supone el reconocimiento de la pluralidad de las personas con discapacidad auditiva, ya que, aseguró, contempla las distintas formas de comunicación existentes entre las personas sordas.

"Es una ley pionera que no hay en ningún otro país, muy
transversal, bastante buena y que contempla muchas
reivindicaciones del sector. Hace un año creíamos que era
impensable", aseveró.

Por su parte, la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) calificó de histórica esta normativa. En un comunicado, la CNSE explica que se trata de una "oportunidad sin precedentes" para que todos los grupos políticos apoyen un texto legal "consensuado y diseñado por y para las personas afectadas".

El presidente de la organización, Luis Cañón, indicó que el texto aprobado es "fruto de una intensa labor" y añade que también habrá que trabajar sobre los aspectos de la ley "que planteen imprecisiones o que sean mejorables"

"El reconocimiento de la lengua de signos española y de la lengua de signos catalana traerá consigo innumerables repercusiones positivas para la comunidad sorda de este país, sus efectos podrán notarse en todos los ámbitos de la vida pública: cultura, educación, sanidad o justicia", concluyó.

REACCIONES POLÍTICAS

La portavoz de Asuntos Sociales del PSOE en el Congreso, Soledad Pérez, también dijo que el proyecto de Ley de Lengua de Signos y Comunicación Oral es una "reivindicación histórica" y un "gran avance" para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Por el contrario, el PP lamentó que el Gobierno haya esperado 16 meses en adoptar las primeras medidas a favor de las personas con discapacidad, y le ha recordado que queda un largo listado de materias pendientes en la agenda para promover la igualdad de oportunidades, la promoción social y la plena accesibilidad de las personas discapacitadas.


El PP ha señalado que, entre las políticas pendientes del Ejecutivo figura el desarrollo de la ley que fue aprobada por unanimidad en diciembre 2003 para favorecer la accesibilidad universal, y que pretende superar así los obstáculos físicos que impiden a los discapacitados la plenitud de su desarrollo personal, social y profesional.

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