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Fundación ONCE presenta el Foro Inserta Empleo Público en el Congreso de los Diputados

Fotografía del acto de inauguración de la jornada en el Congreso

17 Marzo, 2023

Nace con el objetivo de apoyar a las administraciones públicas en la inclusión laboral de personas con discapacidad

Fundación ONCE presentó este viernes el Foro Inserta Empleo Público, una iniciativa cofinanciada por el Fondo Social Europeo (FSE) que nace con el objetivo de apoyar a las administraciones públicas en la inclusión laboral de personas con discapacidad y el fomento de la gestión estratégica del talento diverso.

Ha sido en el marco de una jornada celebrada en el Congreso de los Diputados  con el título ‘Empleo Público y Discapacidad en el Contexto de la #SOSTENIBILIDAD, la #AGENDA2030 y la Transformación #DIGITAL’, e inaugurada por la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet; el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, y el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno.

Batet recordó que el Consejo de Ministros acaba de aprobar la Ley de la Función Pública que eleva del 7 al 10 por ciento la reserva de empleo público para personas con discapacidad, cuestión que, en su opinión, ayudará a avanzar en la igualdad y en la consecución de una Administración Pública diversa, “una exigencia que conlleva la igualdad y la no discriminación, pero también la democracia”. 

La presidenta del Congreso de los Diputados reconoció que existe un margen de mejora porque en la última convocatoria de plazas de la Administración Pública tan solo se cubrieron el 54 por ciento de las reservadas para personas con discapacidad, cifra que el caso de las personas sin discapacidad fue del 15 por ciento.

El presidente del Cermi, por su parte, aseguró que, aunque el empleo público por sí solo no va a resolver el déficit al que se enfrentan las personas con discapacidad, “sí puede convertirse en un elemento estimulador para su empleabilidad”. En este sentido, añadió que no basta solo con tener unas buenas leyes, “porque, aunque es cierto que se ha avanzado mucho, no se ejecutan por sí mismas. Hay que hacerlas cumplir para que las personas que quieran ser empleados públicos puedan conseguirlo”.

Finalmente, el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, apostó por la necesidad de trabajar tanto desde el sector privado como desde el público para cambiar una situación en la que tan solo una de cada cuatro personas con discapacidad que pueden trabajar, lo hacen.

Afirmó que el Grupo Social ONCE demuestra con un 63% de sus trabajadores con discapacidad que es posible crear y mantener empleo para el colectivo y mostró su voluntad para ayudar a que el país mejore y avance en el cumplimiento de las leyes “que han hecho que España sea un ejemplo para muchos países”.

Durante el encuentro se abordaron cuestiones relevantes desde la perspectiva del empleo público, en sentido estricto, así como del ámbito de relación de empresas contratistas de la administración de la nueva regulación sobre diligencia debida.

El Foro Inserta Empleo Público es un generador de redes de diálogo y reflexión que permite la puesta en marcha de iniciativas y prácticas que impulsen el empleo público, el desarrollo de un Observatorio de la inclusión de empleados públicos con discapacidad y de la Accesibilidad Universal, así como la digitalización de la Administración Pública en términos de accesibilidad. Asimismo, tiene como fin la difusión de buenas prácticas de empresas públicas y administraciones del ámbito público con relación a la incorporación de personas con discapacidad y el fomento de la visibilidad de personas con discapacidad en puestos directivos y representativos en la administración pública central, autonómica y municipal.

Los datos de empleo público

Los datos del INE de 2021 señalan que el 24 por ciento de los asalariados con discapacidad trabajan en el sector público, lo que supone más de 125.000 personas. Además, las cifras indican que su presencia se ha incrementado en los últimos años, con 35.000 nuevas incorporaciones desde 2014, un aumento del 40% frente al 15% registrado en la población sin discapacidad. En el caso de las personas con discapacidad, el perfil se corresponde con el de una mujer (56%) de entre 45 y 64 años (93%) y con una discapacidad asociada a la movilidad y la audición.

Según recoge el Informe sobre el acceso de personas con discapacidad al empleo público de la Administración General del Estado de la Dirección General de la Función Pública, en 2020 se convocaron 278 plazas para personas con discapacidad a las que se presentaron 1.787 (1.000 hombres y 787 mujeres), y aprobaron 150 de ellas. En el año anterior, antes de la pandemia, estas cifras fueron de 563 plaza convocadas, 2.551 personas con discapacidad presentadas (1.313 hombres y 1.239mujeres) y 304 aprobadas.