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Inserción laboral de personas con discapacidad: Rentabilidad social a coste cero
En el capítulo español de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) tenemos la fortuna de contar no sólo con teorías, sino con muchas y variadas experiencias de proyectos integrales de acción social. De las iniciativas de filantropía puntuales que la empresa venía desarrollando, generalmente bajo el paraguas del marketing, se está pasando a planteamientos más estratégicos que se gestionan directamente desde la dirección corporativa. Este cambio de enfoque, sumado al incesante recorte de los recursos empresariales, ha hecho que las empresas empiecen a decantarse por acciones sociales de carácter más sostenido en el tiempo, de alto calado en la opinión pública cuyo coste sea imperceptible en la cuenta de resultados. Este nuevo panorama ha propiciado que los programas de inserción laboral de personas con discapacidad sean uno de los baluartes de la responsabilidad corporativa en la arena de lo social.
UN PANORAMA QUE INVITA AL COMPROMISO
Según la OCDE, España ocupa el vigésimo cuarto lugar en el ranking de inserción laboral de personas con discapacidad de la Europa de los veinticinco. Situación que se traduce en que, en nuestro país, dos de cada tres personas con discapacidad en edad de trabajar se encuentra aún sin empleo; ratio que, en el caso de la mujer, alcanza cotas realmente alarmantes, siendo cinco de cada seis las mujeres con discapacidad que no desempeñan un trabajo remunerado. Para conseguir su integración social, este colectivo de hombres y mujeres necesitaría al menos alcanzar los niveles de inserción laboral del resto de la población y, en España, estamos a veinte puntos de distancia de este objetivo.
El trabajo no es sólo la obtención de un salario, sino que goza de un reconocimiento social y es clave para la integración. En un país solidario como lo es España cuesta creer que ocupemos el penúltimo lugar en el que puede ser el parámetro más indicativo de integración social y que tan sólo superemos a Polonia. Entonces, ¿cuáles han sido las razones que han impedido a España resolver esta situación de discriminación? Primeramente, ha coadyuvado la confluencia de multitud de factores socioeconómicos y la variable más determinante ha sido el retraso que arrastramos con respecto al resto de Europa en la aplicación de políticas activas de inserción laboral específicas. Por ejemplo, la LISMI (Ley 13/1982 de Integración Social de Minusválidos) que, en su día, fue considerada una gran ley, todavía sigue presentando lagunas en su cumplimiento dos décadas después de su entrada en vigor.
Según la ley, las empresas privadas de más de 50 empleados han de contar con un mínimo de un 2% de personas con discapacidad en su plantilla, siendo de un 5% la proporción asignada en las Administraciones Públicas. Para las organizaciones que excepcionalmente no pudieran cumplir con la cuota de reserva por razones técnicas, organizativas o de otra índole, nuestra legislación dispone una serie de medidas alternativas para que las empresas o instituciones puedan cumplir los dictámenes de la ley: bien adquiriendo bienes o servicios a un Centro Especial de Empleo (empresas constituidas por personas con discapacidad) o trabajador autónomo discapacitado, o bien, efectuando una donación a una Fundación o Asociación declarada de utilidad pública. En definitiva, un compendio de medidas de acción positiva que, de llevarse a cabo, dibujarían un panorama muy distinto en lo que se refiere a la integración social de hombres y mujeres con discapacidad.
Decía el pensador Benjamin Franklin que "las leyes demasiado benignas rara vez son obedecidas y las demasiado severas, rara vez ejecutadas". Sin duda, las leyes que regulan la inserción laboral de las personas con discapacidad en España pecan de apacibles y, para cumplirlas, los empresarios y empresarias han de apelar a su sentido de la responsabilidad social. Un compromiso que, lejos de ser caritativo, puede llevar a la empresa a empatizar con sus grupos de interés ('skateholders') y a comprobar que, una vez adaptadas a su puesto, las personas con discapacidad desarrollan una productividad similar a la de cualquier otro trabajador sin discapacidad.
UNA OPCION DE RSC EN LA QUE TODOS GANAN
La sociedad es cada día más permeable a la injusta discriminación y falta de oportunidades que afecta a más de tres millones y medio de personas con discapacidad. De ahí que apoye y aplauda las iniciativas que tengan como fin la integración social de este colectivo, especialmente en lo que se refiere al ámbito laboral.
El empleo ordinario, aparte de ser el mejor instrumento de integración social de las personas con discapacidad, también es una de las estrategias de acción social con mayor retorno de inversión para la empresa. A los beneficios de imagen, también hay que sumar los numerosos incentivos asociados a la contratación laboral de trabajadores con discapacidad. Ventajas que hacen que, cada día, sean más las compañías que apuestan por la pluralidad social en el seno de sus plantillas y que, cuando comprueban los beneficios de contratar a personas con discapacidad, repitan siempre que tienen ocasión.
Hoy por hoy, poner en marcha programas de este tipo es muy sencillo. El empresario/a lo único que tiene que aportar es su voluntad de emprender el proceso, las organizaciones que velan por los intereses de estos colectivos se ocupan del resto de forma gratuita.
Distribuidas por toda España y con una bolsa de empleo de cerca de 100.000 personas, las agencias de colocación especializadas en personas con discapacidad ofrecen una serie de servicios gratuitos de intermediación laboral que abarcan desde la orientación profesional, búsqueda de empleo y bolsa de trabajo, hasta la formación y el apoyo necesario para gestionar ayudas técnicas y subvenciones.
Los analistas, los inversores y la sociedad demandan prácticas de buen gobierno y de responsabilidad social corporativa y, qué duda cabe que la incorporación de personas con discapacidad genera valor para la empresa. Un activo que, de por sí, es rentable y cuya práctica es ineludible para la empresa que quiera acuñar la política de RSC. Además, el hecho de que las compañías puedan reunir en su microentorno la pluralidad que refleja la sociedad es una condición esencial para entender las preocupaciones y necesidades del ámbito social en el que se desenvuelve y, por ende, un activo al que ningún empresario debería renunciar.