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El Gobierno dice que impulsará una Ley sobre Responsabilidad Social Corporativa que favorecerá el empleo de discapacitados
Maribel González (Solidaridad Digital) Madrid-17/09/2004
La secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, aseguró ayer que el Gobierno impulsará una ley sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC), ya que le preocupa "el compromiso que ante la sociedad debe adquirir una empresa responsable".
"Estamos estudiando toda la documentación disponible para poner en marcha un proyecto que recoja en forma de ley la Responsabilidad Corporativa", indicó.
Uno de los aspectos en que se basa ese tipo de responsabilidad, explicó Valcarce, es el de la inserción laboral de las personas con discapacidad, cuya tasa de empleo en España "es sólo del 8 por ciento". Por este motivo, continuó, el compromiso del Gobierno con la mejora del empleo para estas personas "es prioritario".
Valcarce hizo estas declaraciones en la inauguración de unas jornadas sobre Responsabilidad Social Corporativa e Integración Laboral de Personas con Discapacidad, organizadas por el periódico "El Nuevo Lunes" y la Fundación ONCE.
Concretamente, las jornadas abordaron el hecho de la integración laboral de las personas con discapacidad como un capítulo clave de la llamada Responsabilidad Social Corporativa.
En este sentido, el presidente de la Fundación ONCE, Carlos Rubén Fernández, señaló que desde la ONCE se entiende la RSC como "aquella obligación voluntariamente asumida por las organizaciones para llevara adelante buenas prácticas de gestión en materia de compromisos éticos".
Se trata, aseguró, de un concepto que debe ponerse en marcha, ya que con su práctica gana la sociedad en general.
"Desde la ONCE", añadió Carlos Rubén, "estamos absolutamente convencidos de que contratando personas con discapacidad en las diferentes organizaciones empresariales estamos, en primer término, construyendo una sociedad más justa al dar oportunidades a aquellas personas que más difícil lo tienen".
Además, aseguró, "incorporar personas con discapacidad a las organizaciones es sin duda una herramienta tremendamente útil de responsabilidad corporativa, pero también tremendamente útil de inversión a medio y a largo plazo de nuestras estrategias".
RESERVA DEL 5 POR CIENTO
La última encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud estima que de algo más de un millón de personas discapacitadas entre 16 y 64 años, "tan sólo un 32% se encuentra en situación activa", indicó la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Familias y Discapacidad.
Para mejorar esta situación, Amparo Valcarce recordó que el Gobierno hará efectivo el cumplimiento de la cuota del 5 por ciento de reserva de las plazas ofertadas por las Administraciones Públicas".
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, continuó Valcarce, ha asegurado que las plazas no cubiertas en una convocatoria se incorporarán a la oferta de la siguiente convocatoria específica, "garantizando así que la Administración Pública será una empresa que tendrá una responsabilidad corporativa asumida en práctica diaria".
Mencionó también que el II Plan de Acción para las Personas con Discapacidad para el periodo 2003-07 incluye políticas activas de inserción laboral para mejorar la empleabilidad, la tasa de actividad y la calidad del empleo para estas personas.
Para llevar a la práctica estos objetivos, la Secretaria de Estado pidió una mayor implicación de los sindicatos, los empresarios y los agentes sociales.
Las jornadas, tituladas "La integración laboral de las personas con discapacidad: un capítulo clave de la responsabilidad corporativa", consitiero en el desarrollo de dos mesas redondas donde, en la primera, empresarios de distintos ámbitos explicaron cómo es su experiencia en tanto que empleadores de personas con discapacidad.
En la otra mesa redonda participaron los diputados Ramón Jáuregui, del PSOE, Francisco Vañó (PP) y Carles Campuzano, de CIu, para debatir aspectos relacionados con la necesidad de impulsar esa ley sobre Responsabilidad Social Corporativa, la importancia que tienen los agentes sociales en la puesta en práctica de ese concepto o la idoneidad o no de compatibilizar las pensiones no contributivas que reciben algunos discapacitados con la percepción de un salario y, por tanto, con la incorporación al mundo laboral.