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CERMI, Fundación Aequitas y Fundación ONCE anuncian una alianza para conseguir una “acelerada y óptima” implantación de la Ley 8/2021
En el marco de la jornada 'Más de un año tras la Ley 8/2021', organizada por las tres entidades en colaboración con Plena inclusión y Liber
El asesor jurídico del CERMI Estatal, Óscar Moral, anunció este jueves la puesta en marcha de una alianza, liderada por CERMI, en la que participan conjuntamente diversas entidades sociales, como Fundación ONCE o Fundación Aequitas, cuyo objetivo principal es conseguir una óptima implantación y en el menor tiempo posible de la reforma en el apoyo a personas con discapacidad desde una posición proactiva, buscando soluciones y reforzando la información y formación necesaria para su buen éxito.
Así lo afirmó este jueves en una rueda de prensa en el Senado, tras la presentación de la senadora por Cantabria del grupo parlamentario popular, Amaya Landín Díaz, en la que ha realizado una valoración de los casi dos años transcurridos de la entrada en vigor de la Ley 8/2021 y que se enmarca en la jornada ‘Más de un año tras la Ley 8/2021’, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
“No podemos esperar a que el tiempo corrija o asienten los aspectos más importantes de la reforma”, señaló Moral. “Creemos necesario promover acciones que faciliten y aceleren el proceso de implantación de esta reforma, facilitando que se consigan sus objetivos”.
En este sentido, el asesor jurídico del CERMI Estatal hizo un llamamiento al resto de entidades del sector, así como a personas relevantes del mundo de la discapacidad y a los propios protagonistas a los que afecta esta Ley, para que se sumen a esta alianza que “nos atañe a todos” y que promoverá acciones durante este año 2023 “con los actores más relevantes para el adecuado desarrollo de la reforma, como jueces, fiscales, notarios, Ministerio de Justicia, Agencia Tributaria, INSS, servicios sociales o abogados con el objetivo superar conjuntamente los obstáculos que nos encontremos por el camino”.
Moral destacó que el balance general de estos casi dos primeros años de la reforma es “muy positivo” y que ha supuesto un “hito fundamental” en el trabajo de adaptación del ordenamiento jurídico español a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como un “paso adelante en el respeto al derecho de igualdad de todas las personas en el ejercicio de su capacidad jurídica”.
“Elegir nos hace personas libres y los sistemas políticos y las estructuras jurídicas deben facilitar el ejercicio de esa libertad”, aseveró Moral.
No obstante, es una realidad que el despliegue de una reforma de esta transcendencia está suponiendo “un considerable reto”, no sólo jurídico, sino también social y administrativo. En este sentido, los cambios impulsados por la ley 8/2021, “deben ir acompasados con un cambio del entorno, una transformación de la mentalidad social y un esfuerzo de formación y capacitación de todos los profesionales implicados que les permita partir de los nuevos principios que establece la reforma y evitar volver a los rasgos paternalistas de antaño”, explicó.
OBSERVATORIO DE JURISPRUDENCIA
En relación al análisis de lo acontecido en el terreno judicial durante este tiempo, Moral hizo referencia al que está llevando a cabo el Observatorio de Jurisprudencia sobre sistemas de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica, en virtud de un acuerdo promovido por Plena inclusión España, y que involucra a la Asociación LIBER de entidades proveedoras de apoyo y al Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid.
Este Observatorio ha analizado 220 resoluciones judiciales de las que se extrae que, desde la aprobación de la reforma, se han incrementado los casos de jurisdicción voluntaria (del 7% al 28%), lo que va en línea con la Ley. Sin embargo, solo el 35% de las resoluciones analizadas respetan la voluntad de la persona con discapacidad y solo un 20% se acomodan completamente a la filosofía, si bien, ese porcentaje aumenta hasta el 50% si contemplamos la existencia de una acomodación parcial.
Además de esta rueda de prensa, en el foro, coorganizado por el CERMI, la Fundación Aequitas y Fundación ONCE en colaboración con Plena Inclusión y Liber, han tenido lugar diferentes mesas redondas en las que expertos en asuntos jurídicos de la administración de justicia, la universidad y el movimiento asociativo han abordado la Ley 8/2021 y las reformas pendientes en algunas comunidades autónomas.
