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Fundación ONCE se suma al Pacto Social contra los discursos de odio junto a organizaciones civiles de DDHH y sindicatos
El objetivo es que se traduzca en un Pacto de Estado que erradique de la esfera pública los mensajes que estigmatizan y señalan a los grupos en situación de vulnerabilidad
Fundación ONCE se ha sumado al Pacto Social contra los discursos del odio suscrito por distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos humanos y los principales sindicatos. El texto, consensuado en los últimos meses, define un Pacto Social contra los discursos de odio ante la proliferación de este tipo de mensajes en la esfera pública.
Las entidades firmantes han trasladado el texto a los partidos políticos para conseguir que se traduzca en un Pacto de Estado, puesto que los discursos de odio son la antesala de los delitos de odio. Y es que, según el último informe de delitos de odio del Ministerio del Interior, este tipo de delitos ha crecido un 6% en un año. Asimismo, la organización internacional ILGA relaciona directamente el aumento de discursos de odio con el incremento de agresiones en su último Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas LGBTI+ en Europa y Asia Central.
Así, a través de este Pacto, suscrito a propuesta de la Federación Estatal LGTBI+, entidades representantes del colectivo LGTBI+, de personas sin hogar, migrantes, gitanas y con discapacidad y los principales sindicatos, se pide a los partidos que hagan público un acuerdo institucional para blindar los derechos humanos y en contra de los discursos de odio.
También les han instado a asumir el compromiso político de cumplir la normativa europea e internacional de derechos humanos y a promover una justicia restaurativa, donde participen los colectivos en situaciones de vulnerabilidad.
Con este Pacto, las entidades firmantes persiguen reforzar el consenso social y político en defensa de los grupos en situación de vulnerabilidad desde el rechazo a los discursos de odio que culpan a estas minorías de problemas reales o ficticios. Además, buscan informar a las víctimas de sus derechos y de las herramientas que tienen para saber ejercerlos.
Medidas específicas
El texto suscrito recoge también una serie de medidas concretas que se deberían adoptar como la elaboración de campañas de sensibilización; el análisis estadístico de los discursos de odio; la elaboración de un estudio anual del impacto individual y colectivo que tienen estos mensajes en las personas en situaciones de vulnerabilidad, o la formación en materia de discurso de odio en los entornos laborales, al funcionariado, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en los centros educativos y en el ámbito sanitario, entre otras.
El Pacto Social ha sido firmado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+); Fundación Triángulo; Asociación Chrysallis; Fundación ONCE; CERMI; Cesida; el Consejo de la Juventud de España; Red Acoge; CEAR; HOGAR SÍ; Fundación Secretariado Gitano; CCOO y UGT.
Estas organizaciones han defendido que “los discursos de señalamiento y odio contra grupos en situación de vulnerabilidad y sus consecuencias construyen una sociedad española con más violencia, más agresiones y más discriminación”.
Se trata de una sociedad peor que ningún demócrata desearía, una auténtica involución que necesita una acción decidida por parte de la sociedad y de los partidos políticos para frenar en seco el aumento del odio contra los grupos en situación de vulnerabilidad en España. “Es por ello que las entidades que han luchado incansablemente para avanzar en los derechos humanos debemos actuar para contrarrestar esta urgente situación. Y es que no podemos permitirnos dar ningún paso atrás”.
La sociedad española es una de las sociedades más abiertas y respetuosas con la diversidad. Las organizaciones firmantes manifiestan que los discursos de odio ponen en juego la convivencia social y son contrarios al modelo de inclusión y respeto que siempre ha ejemplificado la sociedad española. Por eso, este Pacto será una herramienta fundamental para continuar avanzando en derechos para todas las personas.
