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El rechazo en Francia a la Constitución de la UE no se debe a un déficit del Tratado en lo social, sino a razones de política interna

Miguel Ángel Cabra de Luna, director de Relaciones Sociales e Internacionales de Fundación ONCE

Miguel Ángel Cabra de Luna, director de Relaciones Sociales e Internacionales de Fundación ONCE, es pesimista ante el resultado del referéndum en el que los franceses han rechazado el tratado constitucional de la UE. En su opinión, el "No" no tiene nada que ver con un supuesto déficit en política social, ámbito en el que considera que el proyecto de Carta Magna era "un salto adelante".

A pesar de las lecturas ventajistas que se hacen siempre de los resultados electorales, Cabra de Luna no cree que el problema "sea tan lineal" y niega que la izquierda sea unánime en su oposición a la Constitución Europea.

En este sentido, menciona la división de los socialistas franceses y los casos de muchos conocidos suyos vinculados a ONG y sindicatos que habían recibido con agrado el proyecto redactado por Valéry Giscard d' Estaing. En declaraciones a al diario digital "Crónica Social", ha afirmado que el parón al que el "No" francés aboca al proceso de integración europea supondrá "un retroceso hacia una renacionalización y hacia la Europa meramente económica que conviene a Gran Bretaña y a los poderes que dominan el mundo".

PUNTO DE PARTIDA

El director de Relaciones Sociales e Internacionales de Fundación ONCE insistió en su tesis de que la Constitución Europea recoge "el máximo común divisor que han sido capaces de consensuar los países miembros en política social" y que, aun siendo insuficiente y arrastrando el lastre de la necesidad de aprobar las medidas de este ámbito por unanimidad (una exigencia británica), "profundiza y mejora el marco jurídico y político existente hasta ahora y supone el punto de partida de un largo proceso" que conduciría a avances ulteriores.

Cabra de Luna mencionó el avance que supone el aumento de poder del Parlamento, que es el organismo que los ciudadanos designan directamente a través de sus votos y que cuando se apruebe y entre en vigor la Constitución tendrá prerrogativas de colegislador junto a la Comisión. En cualquier caso, piensa que el traspiés del referéndum favorecerá que se camine hacia un incremento de competencias de la Eurocámara.

Además, resaltó que el proyecto de Carta Magna dejaba la puerta abierta a la iniciativa legislativa de los ciudadanos, para la que serían necesarias un millón de firmas de los 450 millones de habitantes de la UE-25, un porcentaje sensiblemente inferior al que exige la Constitución española, que es de medio millón de los cuarenta millones de españoles censados.

Por otro lado, el director de Relaciones Sociales e Internacionales de Fundación ONCE valoró el reconocimiento explícito que la Constitución hace de los derechos humanos y en particular del principio horizontal de no discriminación. Cabra de Luna negó terminantemente que se trate de una enumeración retórica o trivial, y explicó que, por ejemplo, dentro del ámbito de la discapacidad y ONG en que él más se mueve, este principio supondría "que ninguna partida de fondos europeos pudiera ir destinada a infraestructuras que no respetaran la accesibilidad universal".

POLÍTICA SOCIAL

Recordó además que, de momento, la UE no es una federación y por tanto su labor no es suplantar la de los Estados miembros, "sino apoyarlas y complementarlas", por lo que consideró más que suficiente la fundamentación de "unas reglas y principios generales consensuados" que conlleva la Constitución.

"De otra manera", razonó, "nos veríamos en una situación de proteccionismo social en la que los países más avanzados brindarían más servicios a sus ciudadanos y los menos progresistas no se verían en la necesidad de alcanzar ese máximo común divisor". "Si yo fuera sueco", añadió, "probablemente no querría que me hicieran descender hasta ese nivel de consenso, pero, como soy español, me parece muy positivo que se llegue a una uniformización, siquiera mínima, de las políticas sociales".

Por todo ello, Miguel Ángel Cabra de Luna no cree que el rechazo de los franceses a la Constitución europea se deba, como se ha dicho, a que les haya parecido insuficiente su contenido social, sino a motivos mucho más pedestres como el deseo de "castigar a Raffarin y particularmente a Chirac", la división de los socialistas, la aversión a la entrada de Turquía y el miedo a la deslocalización y a que la integración europea amenace los monopolios estatales que Francia conserva en sectores públicos tan importantes como el agua, el gas, las telecomunicaciones y algunos servicios sanitarios.

"No nos engañemos, la política social es sólo una pantalla de humo". También en el caso de Holanda, que vota la Constitución europea el miércoles, cree que el factor decisivo que mantiene al "No" por delante en las encuestas es el problema de la inmigración.

A pesar de todo, Cabra de Luna cree que no sería coherente cambiar el fondo de acuerdo en torno a la Constitución "sólo porque lo hayan dicho los franceses, o, más bien, una parte del electorado francés, bien es verdad que muy importante". Además, considera que Europa ya cuenta con "una importante inercia de muchos años hacia lo social" que no podrá destruir el parón que ha sufrido el tratado constitucional en las urnas galas.

A juicio del director de Relaciones Sociales e Internacionales de Fundación ONCE, la piedra de toque que revelará hasta qué punto el referéndum de ayer ha paralizado el funcionamiento de las instituciones será la votación del miércoles en Holanda y la cumbre que discutirá el 16 y 17 de junio el reparto de los fondos estructurales para 2007-2013. "Si se llega a un resultado satisfactorio", reflexiona Cabra de Luna, "eso quiere decir que la Unión tira para adelante y lo de Francia quedará como un accidente que se podría corregir con un nuevo referéndum al final del período", pero otro "No" o la falta de consenso en el reparto de los fondos será un indicador más" contra las esperanzas de integración europea.