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La Universidad Pablo de Olavide y Fundación ONCE demandan una oferta cultural más inclusiva en los campus

Foto de familia en el acto de presentación en Sevilla

En un informe elaborado por las dos entidades y presentado en Sevilla 

Fundación ONCE y la Universidad Pablo de Olavide (UPO) han presentado un informe sobre la cultura en los campus en el que demandan una inclusión cultural real, es decir, una inclusión que permita a las personas con discapacidad disfrutar de la cultura como espectadores, pero también como actores, ya que encuentran todavía “múltiples barreras” para hacerlo. 

El trabajo se enmarca en un acuerdo previo entre la Universidad Pablo de Olavide y Fundación ONCE para promover juntas una cultura inclusiva en el sistema universitario español y se presentó este martes en un acto celebrado en la Fundación Valentín de Madariaga y Oya.

En él intervinieron José Carlos Gómez, consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía; Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Deporte; Marta Castillo, presidenta de CERMI Andalucía; Isabel Martínez Lozano, directora de Programas con Universidades y Promoción del Talento Joven de Fundación ONCE, y los autores del estudio: David Cobos Sanchiz, profesor titular acreditado a Catedrático del Departamento de Educación y Psicología Social de la UPO, y María José Parejo Guzmán, profesora titular acreditada a Catedrática del Departamento de Derecho Público de la misma universidad.

Titulado ‘Desarrollo y promoción de una cultura inclusiva en las universidades españolas’, el informe recoge la revisión sistemática de la literatura científica más reciente, el análisis de varios grupos de discusión en los que participaron veinticuatro expertos y una serie de recomendaciones dirigidas a las universidades con el fin de servir como guía práctica y estratégica para fomentar el desarrollo de una cultura inclusiva en la educación superior en los próximos años.

Parte de la base de que lo que falta en las universidades no son leyes, sino un cambio cultural institucional que conciba la inclusión como “un principio organizador de la política, la producción y el consumo cultural”.

Así, el trabajo encuentra “obstáculos arquitectónicos” en escenarios y auditorios, problemas organizativos como programaciones estándar, barreras digitales en plataformas y contenidos sin criterios de accesibilidad, entre otras trabas para el acceso por parte de las personas con discapacidad a la cultura en la universidad.

Para mejorar esta situación y facilitar la participación cultural de los estudiantes con discapacidad en la vida universitaria, el informe ofrece líneas de actuación que van desde el fomento de proyectos artísticos que los incluyan como creadores y protagonistas activos hasta la organización de eventos y festivales inclusivos.

Aboga también el trabajo por mejorar la accesibilidad del consumo cultural con acciones como adaptación de teatros o paraninfos, inclusión de audiodescripción, subtítulos y lengua de signos en contenidos culturales o por la creación de plataformas culturales accesibles, entre otras medidas capaces de hacer realidad la máxima de que no debe haber versión principal y versión accesible, sino que lo accesible sea “la epistemología de partida”. 

Y en esa accesibilidad de partida, añaden los investigadores, ha de contarse con los universitarios con discapacidad, porque “participación no es integración: es co creación con liderazgo de las personas con discapacidad”.

Además, el informe apuesta por “profesionalizar la accesibilidad al nivel de lo científico” para impedir que sea “lo primero en recortarse” y que la inclusión no quede “a merced del voluntarismo”.

En el apartado de recomendaciones, insiste en fomentar la participación cultural activa de las personas con discapacidad, es partidario de establecer una estrategia por fases de eliminación de barreras físicas en las infraestructuras culturales universitarias y de utilizar aplicaciones móviles y medios digitales que ayuden a facilitar el acceso a los productos culturales. En la misma línea, considera necesario incentivar la producción de recursos culturales en múltiples formatos como braille, audio o lengua de signos y ve positivo el desarrollo de programas de ayudas destinadas específicamente a la formación cultural de universitarios con discapacidad.

Y todo esto, apunta la investigación, porque “no se trata únicamente de facilitar el acceso a la universidad, sino de garantizar una participación plena en la vida cultural” por parte de los estudiantes con discapacidad”.