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Más estudiantes con discapacidad, pero más solos: la inclusión crece en matrícula, no en vínculo
VII Estudio sobre Discapacidad en la Universidad, elaborado por Fundación Universia y Fundación ONCE
El informe, presentado en el Congreso ‘Universidad y Discapacidad’ que se está celebrando en Granada, señala los nuevos retos para la inclusión universitaria
El VII Congreso Internacional Universidad y Discapacidad de Fundación ONCE acogió este jueves la presentación del VII Estudio ‘sobre la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema universitario español’ de Fundación Universia, que confirma el aumento de estudiantes con discapacidad en la universidad, que se sitúa en su máximo histórico. Frente a esto una advertencia: la inclusión crece en número, pero ellos se sienten más solos.
En concreto, en esta séptima edición el informe arroja una cifra histórica: el 1,9% del estudiantado universitario tiene discapacidad, el valor más alto desde que existe registro. Sin embargo, el estudio revela también retos estructurales invisibles: la soledad no deseada, la baja presencia docente y la falta de seguimiento institucional en accesibilidad y representación.
Fundación Universia, que cuenta con el apoyo de Banco Santander para el desarrollo de sus actividades, es la promotora de este estudio, con la colaboración de Fundación ONCE, CERMI, la CRUE y el Real Patronato sobre discapacidad.
La publicación analiza la situación de las personas con discapacidad (estudiantes, personal docente y personal de administración y servicios) en las universidades españolas durante el curso 2023-2024.
Máximo histórico de inclusión universitaria
El 1,9% del total del estudiantado universitario en España tiene discapacidad. En los estudios de Grado, este porcentaje alcanza el 2,1%, lo que consolida una evolución positiva respecto a 2011, año en que se inició la serie histórica del estudio.
“Nunca había habido tantas personas con discapacidad en la universidad española. Este 1,9% es un dato que habla de progreso, pero también de responsabilidad. Nos recuerda que la inclusión no termina con el acceso, y que necesitamos universidades que acompañen, escuchen y transformen”, destaca Beatriz Arribas, directora de Fundación Universia.
Soledad no deseada: el nuevo rostro de la exclusión
El informe introduce por primera vez la medición de la soledad no deseada como variable emocional clave. Así, señala que más de la mitad del estudiantado con discapacidad (52,6%) afirma haberla experimentado, un porcentaje que duplica la media nacional estimada entre jóvenes sin discapacidad. El 100% del estudiantado no binario con discapacidad declara haberla vivido.
“Hablamos de exclusión más allá de la accesibilidad física o digital: de estudiantes que no se sienten parte de la comunidad universitaria, que no participan en actividades, que no tienen redes de apoyo”, señala Carlos Sánchez, coordinador del trabajo. “La inclusión emocional debe formar parte de la estrategia universitaria”.
La brecha de empleabilidad persiste
Aunque cada vez más personas con discapacidad acceden y completan estudios universitarios, la brecha de empleabilidad sigue siendo uno de los grandes desafíos. En este sentido, Isabel Martínez Lozano, directora de Programas con Universidades y Promoción del Talento Joven de Fundación ONCE, incide en que “no solo es importante que pongamos nuestros esfuerzos en que cada vez más estudiantes lleguen a la universidad -que afortunadamente están llegando cada vez más-, sino que también hay que poner el acento en que progresen académicamente”. “Que cuando finalicen sus estudios tengan oportunidades de trabajar en empleos técnicos y cualificados”, destaca.
Según el estudio, solo el 19,4% del estudiantado con discapacidad ha recibido orientación laboral por parte de su universidad, lo que limita sus oportunidades de inserción profesional desde etapas tempranas. Además, el 62,5% considera que tendrá más dificultades para acceder al mercado laboral que sus compañeros sin discapacidad y más del 30% no consigue empleo ni durante ni después de sus estudios.
Estos datos apuntan a una desconexión preocupante entre la formación y el mundo del trabajo, que requiere una mayor implicación institucional, empresarial y pública para cerrar el círculo de la inclusión.
Inclusión del profesorado: una evolución desigual que precisa mayor impulso
La presencia de Personal Docente e Investigador (PDI) con discapacidad en el sistema universitario español ha crecido desde el 0,40 % en el curso 2011-12 hasta el 0,71% en 2023-24, con un pico de 0,90% en 2017-18 y una tendencia de estancamiento en torno al 0,70% en los tres últimos estudios.
En términos absolutos, el número de PDI con discapacidad ha pasado de 270 a más de 860 personas en una década, aunque con fluctuaciones notables entre estudios. Esta evolución sugiere una mejora sostenida, pero también revela la necesidad de reforzar las políticas activas de acceso, promoción y retención de talento con discapacidad en la carrera docente e investigadora.
En este contexto, diversas recomendaciones institucionales —como las impulsadas por CRUE— insisten en la importancia de aplicar cuotas de reserva en las convocatorias de plazas PDI, en línea con lo que establece la normativa de empleo público. Algunas universidades han comenzado a dar pasos en esta dirección, pero el ritmo de aplicación es aún muy desigual, por lo que el estudio invita a consolidar mecanismos estructurales que permitan avanzar hacia una representación más equilibrada y diversa en el cuerpo docente.
Falta de seguimiento institucional: la brecha silenciosa
A pesar de los avances cuantitativos en inclusión, el estudio pone de relieve una falta preocupante de seguimiento y sistematización interna en aspectos clave de la accesibilidad universitaria.
El 70% de las universidades participantes no sabe si hay personas con discapacidad en sus órganos de representación y un 52,8% desconoce si se han realizado adaptaciones de contenido académico. Además, solo el 62,3% tiene identificadas las adaptaciones tecnológicas implementadas, una caída significativa respecto al 87,7% registrado en el estudio anterior.
Esta falta de información estructurada puede dificultar el cumplimiento efectivo de la normativa vigente, incluida la Ley Europea de Accesibilidad, y comprometer la capacidad de las universidades para garantizar una experiencia académica inclusiva y de calidad.
