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Fundación ONCE e Inserta Empleo impulsan el empleo de las personas con discapacidad en la Administración Pública
En una jornada para abordar la inclusión en el sector público
Fundación ONCE ha apostado este jueves por la necesidad de impulsar el empleo de las personas con discapacidad en la Administración Pública. Ha sido durante la celebración del ciberseminario titulado ‘De la obligación a la oportunidad; La inclusión de la discapacidad en el sector público’, cofinanciado por la Unión Europea, que tiene como fin apoyar a las administraciones públicas en la inclusión laboral de personas con discapacidad y el fomento de la gestión estratégica del talento diverso.
La apertura del encuentro ha corrido a cargo de Mar Medeiros, directora de Empresas, Alianzas, RSC-D y Marketing Social de Inserta Empleo y directora de Marketing Social y Convenios de Fundación ONCE, quien ha incidido en la necesidad de que el empleo público sea una opción para las personas con discapacidad.
A continuación, Ginés Ruiz, técnico del departamento de Recursos Públicos de ILUNION, ha analizado el marco legal actual y ha explicado que La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social (LGD) obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a contratar a un mínimo de un 2% de personas con discapacidad certificada.
También ofrece la oportunidad de cumplir con la ley a través de una serie de medidas alternativas solicitando para ello un certificado de excepcionalidad. Incluyen contratar con un Centro Especial de Empleo (CEE) o con un autónomo con discapacidad para suministrar bienes o servicios, constituir un enclave laboral o realizar donaciones o patrocinios a entidades sin ánimo de lucro que promuevan la inclusión laboral de personas con discapacidad.
Por su parte Vanesa Carballo, coordinadora de la Dirección de Empresas, Alianzas y RSC-D de Inserta Empleo – Fundación ONCE, ha destacado que, si bien en los últimos años se han producido avances, “no son suficientes y hay que seguir trabajando para que más allá de cumplir con el porcentaje, la Administración garantice a las personas con discapacidad un desarrollo profesional”.
Borja Arnaiz, técnico del departamento de Captación de Fondos de la Dirección de Marketing Social de Fundación ONCE, ha recordado que Fundación ONCE ayuda a cumplir con las medidas alternativas a través de la intermediación laboral y el asesoramiento jurídico a las empresas y la generación de empleo indirecto a través de los Centros Especiales de Empleo. También ofrece la opción de donaciones para programas de inclusión laboral y la participación en programas de becas como el programa Oportunidad al Talento y el programa de Becas-Prácticas Fundación ONCE-CRUE, que promueven la formación y el acceso de personas con discapacidad al mercado laboral.
Por último, se han expuesto casos de éxito y buenas prácticas en la aplicación de la Ley General de la Discapacidad en el sector público de la mano de Almudena Torres, gerente de Selección y Atracción del Talento de Ineco, y Raquel Piedras, jefa de Gestión del Talento de Paradores.
El Foro Inserta Empleo Público es un generador de redes de diálogo y reflexión que permite la puesta en marcha de iniciativas y prácticas que impulsen el empleo público, el desarrollo de un Observatorio de la inclusión de empleados públicos con discapacidad y de la Accesibilidad Universal, así como la digitalización de la Administración Pública en términos de accesibilidad. Asimismo, tiene como fin la difusión de buenas prácticas de empresas públicas y administraciones del ámbito público con relación a la incorporación de personas con discapacidad y el fomento de la visibilidad de personas con discapacidad en puestos directivos y representativos en la administración pública central, autonómica y municipal.
Los datos de empleo público
Según la última Estadística de Empleo de las Personas con Discapacidad publicada por el INE, en 2023 el 3,7% de los asalariados del sector público eran personas con discapacidad, lo que equivale a cerca de 99.400 trabajadores. Esta cifra refleja una tendencia estable al alza, ya que en 2022 fue del 3,6% y también del 3,7% en 2021. Asimismo, el 90,4% de las personas con discapacidad ocupadas tenían un contrato asalariado, y de estas, el 77,8% contaban con un contrato indefinido. La gran mayoría trabajaba a jornada completa (81,9%) y en el sector servicios (80,6%).
En cuanto al acceso al empleo público, la Oferta de Empleo Público de 2023 reservó un 7% de las plazas para personas con discapacidad: un 5% para personas con cualquier tipo de discapacidad y un 2% específicamente para personas con discapacidad intelectual. En 2024, esta reserva se ha ampliado, alcanzando un 10% en la Administración General del Estado, dentro de una convocatoria récord de 40.146 plazas.