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La precariedad laboral de las personas con discapacidad psíquica eleva su riesgo de pobreza

Gráfica de personas con discapacidad en riesgo de exclusión

15 Octubre, 2021

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, 17 de octubre

Los bajos salarios, la baja tasa de empleo y su mayor grado de dependencia eleva el riesgo de pobreza en las personas con discapacidad psíquica, que incluye la intelectual y la psicosocial. En España hay 511.300 personas con discapacidad psíquica (192.400 con discapacidad intelectual y 318.900 con discapacidad psicosocial) que representan el 17,3% del conjunto de personas con discapacidad.

Según los datos recogidos por Odismet, el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de Fundación ONCE, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, las condiciones laborales que acompañan a este segmento son especialmente precarias, afectando así su riesgo de pobreza. Así, atendiendo a los salarios, mientras la media bruto/año del colectivo se fija en 20.575,1euros, las personas con discapacidad intelectual perciben 13.136,9 euros y aquellas con discapacidad psicosocial 17.521.1 euros.

A tal circunstancia, se une el hándicap de pertenecer a un segmento afectado por estereotipos y prejuicios que acentúan las desigualdades e incrementan el rechazo, afectando así sus posibilidades de integración sociolaboral.

El análisis de la tasa de empleo también marca las mayores dificultades de las personas con discapacidad psíquica para acceder al mercado de trabajo. Mientras que el conjunto del colectivo muestra una tasa de empleo del 25,9%, frente al 66,9% en la población sin discapacidad, el escenario es peor al centrarse en las discapacidades psíquicas, reduciéndose la tasa hasta el 20,4% en el caso de la discapacidad intelectual y el 16,9% para la discapacidad psicosocial.

A los condicionantes laborales se une el hecho de que 162.700 personas con discapacidad psíquica son dependientes (118.000 discapacidad intelectual y 86.800 discapacidad psicosocial), es decir, no son autónomas para el desarrollo de acciones básicas de la vida diaria, requiriendo el apoyo de terceros.

Si bien la situación de dependencia está regulada legalmente, las cuantías de las prestaciones para dar cobertura a las necesidades de las personas dependientes condicionan su calidad de vida y las aproxima al límite de la pobreza y la precariedad. La media de las prestaciones contributivas por incapacidad permanente se fija en 975,48 €/mes y aquellas de carácter no contributivo para personas con discapacidad se sitúan en 133,5 €/mes.

Según los datos aportados por Odismet las personas con discapacidad viven una mayor vulnerabilidad ante la pobreza que el conjunto de la población.

Así en 2020 el 33,8% del colectivo se encontraba en situación de riesgo o exclusión social, mientras que para el resto de la población el dato se reducía hasta el 26,4%.