Impulso Normativo

En la Fundación ONCE, guiados por nuestro compromiso de mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, seguimos de manera activa las evoluciones normativas tanto a nivel europeo como estatal que afectan a los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.

A nivel estatal

Por este motivo, y en colaboración con el CERMI, trabajamos en la promoción de la mejora de la situación de las personas con discapacidad en ámbitos como el empleo, el tributario, la sanidad o la Seguridad Social.

Sin duda el principal hito legislativo en 2013 fue la publicación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, que por primera vez, unifica toda la normativa existente en la materia: la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad (LISMI), de 1982; la Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU), de 2003, y la Ley por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de 2007.  Sin embargo, este Real Decreto Legislativo va más allá de ser un compendio de leyes. Todas las normas citadas se han actualizado y armonizado siguiendo la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que implica la superación del concepto asistencial de décadas pasadas.

También se han alcanzado destacados avances normativos en materia de accesibilidad (ej. Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas), de transporte (Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres y la ley 21/2003, de 7 de julio, de seguridad aérea), o de empleo y Seguridad Social ( como la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo o la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización), por citar algunos ejemplos.

En el logro de avances legislativos como estos ha sido fundamental la participación de la Fundación ONCE en los principales observatorios legislativos y la colaboración con los distintos operadores jurídicos, como es el caso del Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General del Notariado, el Foro de Justicia y Discapacidad promovido por el Consejo General del Poder Judicial y el Real Patronato sobre Discapacidad.

Para obtener más información sobre la normativa que afecta a la discapacidad puede consultar el siguiente enlace:

http://www.discapnet.es/Castellano/areastematicas/derechos/Paginas/default.aspx

A nivel europeo

Entre 2012 y 2013 cabe destacar, por un lado, la adopción del Reglamento 1025/2012 sobre normalización europea, que pasa a ser derecho positivo directamente aplicable en el ordenamiento jurídico español, y en virtud del cual se dispone que el sistema de normalización europea ha de tener en cuenta la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, por otro, la adopción de la Directiva 2012/29/UE sobre los derechos y la protección de víctimas de delitos, en cuyo considerando 15 se dispone que los estados miembros deben velar por que las víctimas con discapacidad puedan disfrutar plenamente de los derechos establecidos en dicha Directiva en pie de igualdad con los demás, lo que incluye la facilitación del acceso a los locales en que tengan lugar los procesos penales, así como el acceso a la información.

También es importante destacar la adopción formal del Reglamento para crear un mercado europeo de fondos de inversión social, así como la aprobación de la nueva Directiva sobre Contratación Pública y de los Reglamentos de los Fondos Estructurales.

Por otra parte, el 8 de febrero de 2012 la Comisión Europea presentó el proyecto de reglamento relativo al Estatuto de Fundación Europea, lo que supone un paso adelante para el reconocimiento del sector fundacional a nivel europeo, ya que permitirá a las fundaciones establecidas o que operen en más de un país europeo, crear una fundación europea registrada en un único país con posibilidad de operar en varios.

Igualmente se encuentra en tramitación el proyecto de directiva sobre la accesibilidad de los sitios web.

Si desea acceder a información más detallada de los principales avances normativos, tanto a nivel nacional como europeo, puede consultar el siguiente resumen:

Resumen Ejecutivo 1er semestre 2015