Fundación ONCE elabora un estudio sobre el sector seguros y personas con discapacidad y mayores

 

Fundación ONCE, con el apoyo de la Fundación Mapfre, ha elaborado un informe en el que se analizan los retos y oportunidades que las personas con discapacidad, como consumidores, suponen para el sector de los seguros. 

 

El trabajo titulado ‘El sector seguros y las personas con discapacidad y sus familias: dimensionamiento, análisis de barreras e identificación de oportunidades’, se ha presentado este viernes en una jornada celebrada en la Agencia de Noticias de Servimedia. 

 

En el encuentro estuvieron presentes Gemma Pozuelo, directora técnica de la Rama de Seguros a las Personas de MAPFRE; Mirenchu del Valle, secretaria general UNESPA; Lourdes Márquez de la Calleja, Jefa del departamento de Relaciones Sociales y Pla¬nes Estratégicos de Fundación ONCE; Luis M. Bascones, consultor social de ILUNION Tecnología y Accesibilidad; Óscar Moral Ortega, asesor jurídico del CERMI; Pilar Villarino, directora ejecutiva del CERMI, y Angel Quesada, vipresidente de CEOMA. El director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, actuó de moderador. 

 

El estudio se ha hecho teniendo en cuenta la visión de aseguradoras y ciudadanos con discapacidad. Así, además de analizar los datos disponibles, ha contado con entrevistas a representantes de compañías de seguros, con una encuesta respondida por entidades representativas de las personas con discapacidad y con grupos de discusión en los que se ha escuchado a los propios ciudadanos con discapacidad.

 

Desde esta perspectiva, el informe pretende contribuir a que las aseguradoras desarrollen nuevos productos o presten servicios que cubran necesidades no resueltas de las personas y colectivos con discapacidad. 

 

Este estudio se ha llevado a cabo en el marco de los distintos convenios de colaboración con los que cuenta Fundación ONCE. En este contexto, junto con CERMI y la patronal UNESPA se está trabajando desde hace tiempo en la inclusión de las personas con discapacidad.

 

La investigación aporta unas conclusiones y unas recomendaciones. En ellas se constata tanto por parte de las compañías aseguradoras como de las entidades del sector de la discapacidad, un recorrido y un aprendizaje en los últimos años. Un viaje que va desde el desconocimiento a una orientación proactiva por parte de distintas compañías hacia la oportunidad de negocio que representan estos colectivos.

 

Sin embargo, las personas con discapacidad y mayores siguen encontrándose con que algunas compañías de seguros les deniegan pólizas o servicios concretos, pese a que la normativa prohíbe expresamente esta práctica,  vista, sobre todo, en seguros de salud y de vida.

 

Y es que, la investigación concluye que pese a los avances y a la prohibición expresa de la normativa, “se constata la persistencia de exclusiones de contratos por motivos de discapacidad y edad, ya sea de manera abierta, por ejemplo, a partir de un porcentaje de discapacidad reconocido, o bien latente”. 

 

Esta exclusión, abunda el estudio, es contraria a la legislación, que “prohíbe la denegación de acceso a la contratación, el establecimiento de procedimientos de contratación diferentes de los habitualmente utilizados por el asegurador o la imposición de condiciones más onerosas, por razón de discapacidad, salvo que se encuentren fundadas en causas justificadas, proporcionadas y razonables, que se hallen documentadas previa y objetivamente”.

 

Con el fin de evitar esta situación, la investigación aboga por impulsar el conocimiento, promover la formación y supervisar la red comercial “para evitar el trato inadecuado” a clientes potenciales por motivo de edad o de discapacidad. 

Así, se apuesta por invertir en el conocimiento de los datos actuariales y estadísticos de las personas con discapacidad, “para avanzar en el camino de un trato individualizado basado en la evidencia”.

 

Estos clientes, los que tienen algún tipo de discapacidad o una edad elevada, se quejan también de la “opacidad” y de la llamada “letra pequeña” de los contratos de las compañías de seguros, que hacen ilegible e ininteligible la información que ofrecen. Por este motivo, los dos sectores poblacionales piden mayor claridad en las pólizas a las empresas.

 

Relacionado con este aspecto de accesibilidad a la información está la queja de las personas con discapacidad visual de que la mayoría de las pólizas estén solo en papel, por lo que solicitan a las compañías que ofrezcan también esta información en soporte digital.

 

Tanto las aseguradoras como las entidades representativas de las personas con discapacidad coinciden en demandar una segmentación adecuada a la heterogeneidad del colectivo de ciudadanos con discapacidad, que hace que las necesidades de atención sean muy diferentes.

 

El estudio se detiene también en el aspecto económico de los seguros y admite que “ante los precios elevados que pueden derivarse de una mayor probabilidad de riesgo probada”, hay que ofrecer soluciones para que las personas con discapacidad no queden excluidas de las compañías de seguros.

 

A este respecto, tanto compañías como entidades asociativas consideran aconsejable explorar fórmulas de colaboración público-privadas, incluyendo la RSC por parte de las empresas, la mutualización del riesgo, los incentivos fiscales, etcétera, para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a coberturas.

 

Finalmente, y pensando en la innovación en materia de seguros y respuesta al mercado que suponen las personas con discapacidad, el trabajo de Fundación ONCE recomienda aplicar y poner al día la ‘Guía de Buen Gobierno de las Entidades Aseguradoras en materia de Discapacidad’, elaborada por Unespa, así como impulsar foros de colaboración donde estén presentes los distintos grupos de interés.